La Junta de Jueces de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, reunida el 29 de octubre de 2026, ha aprobado siete criterios interpretativos sobre la aplicación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en materia de suspensión de desahucios, vulnerabilidad y lanzamientos judiciales.
El acuerdo, firmado el 3 de noviembre de 2026, pretende homogeneizar la aplicación de las nuevas medidas de protección de la vivienda en los procedimientos civiles de Barcelona, aclarando cuestiones relevantes para abogados, procuradores y partes litigantes.
Los siete criterios acordados por los jueces de Barcelona
1. Exclusión de las ejecuciones hipotecarias y los incidentes de terceros ocupantes
El régimen de suspensión del artículo 2 del RDL 29/2026 no resulta aplicable a las ejecuciones hipotecarias ni a los incidentes de terceros ocupantes.
Respecto de las ejecuciones hipotecarias, los jueces consideran que existe una regulación específica en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que no ha sido modificada en lo relativo a las causas de suspensión del procedimiento ejecutivo.
2. Acreditación de la situación de vulnerabilidad
El informe de servicios sociales deberá certificar expresamente la concurrencia de vulnerabilidad de la persona demandada.
No obstante, cuando el informe no contenga dicha certificación, la situación podrá acreditarse mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Recursos contra las resoluciones sobre suspensión
El acuerdo establece una distinción procesal relevante:
Si se acuerda la suspensión del procedimiento, cabrá recurso de apelación, incluso en los supuestos del artículo 2.2 del RDL 29/2026.
Si se deniega la suspensión, procederá recurso de reposición.
Las solicitudes de suspensión deberán tramitarse mediante pieza separada. Además, se mantiene la facultad de revisión judicial cada doce meses en los supuestos legalmente previstos.
4. La vulnerabilidad puede ser económica o social
La Junta de Jueces interpreta que la vulnerabilidad contemplada en el artículo 2 comprende tanto la vulnerabilidad económica como la social.
En consecuencia, la protección no queda limitada exclusivamente a situaciones de insuficiencia de ingresos.
5. Aplicación a procedimientos en curso hasta el 31 de diciembre de 2030
La disposición transitoria segunda se interpreta restrictivamente y únicamente comprende los procedimientos expresamente previstos en el artículo 441.5 LEC, por remisión a los apartados 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 LEC.
Se mantiene la aplicación específica del nuevo mecanismo de enervación extraordinaria del artículo 5.Dos del RDL 29/2026 cuando concurra vulnerabilidad económica.
6. Suspensión de oficio de lanzamientos pendientes
Los jueces acuerdan que deberá actuarse de oficio cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:
Que exista una resolución anterior que acredite la vulnerabilidad económica de la persona demandada.
Que la parte demandante no esté comprendida en el artículo 2.1 del RDL 29/2026.
Que se trate de un juicio verbal de desahucio por falta de pago.
Este criterio afecta especialmente a los procedimientos con lanzamientos pendientes de ejecución.
7. Exclusión del INCASÒL y de la Agència de l’Habitatge de Catalunya
El acuerdo establece que el régimen del artículo 2.2 no resulta aplicable al Institut Català del Sòl (INCASÒL) ni a la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La exclusión responde a su condición de entidades públicas dedicadas a la promoción y gestión de vivienda social y asequible, sujetas a procedimientos administrativos de adjudicación.
Consecuencias prácticas para abogados y procuradores
Estos criterios tienen especial incidencia en la tramitación de desahucios y lanzamientos ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona.
La correcta identificación del procedimiento, la condición de la parte demandante, la acreditación de la vulnerabilidad y la elección del recurso procesal resultan determinantes para aplicar el nuevo régimen.
El acuerdo ha sido elevado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para su conocimiento. Se trata de criterios de unificación judicial, no de una modificación legislativa ni de jurisprudencia vinculante.

