Tras la sentencia del TC que avala la aplicación de la tasas catalanas en Justicia, los representantes del Consell de l’Advocacia Catalana, del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya y el Departament de Justícia acordaron el pasado 28 de mayo reimplantar las tasas catalanas, pero excluyendo a las personas físicas y las pequeñas empresas.
El acuerdo incluye también la ampliación de los supuestos que quedaran exentos del pago de la tasa. Se trata de las demandas de ejecución, las reconvenciones y las solicitudes de concurso.
Asimismo, a petición de los operadores jurídicos, el Departament de Justícia ha acordado mantener la aplicación de un descuento del 25 % por presentación telemática de demandas.
De igual forma, las partes acordaron mantener el mínimo de 60 euros y el màximo de 120 euros en la aplicación de la tasa catalana, lejos de las impuestas estatalmente, pero que deberán adicionarse a estas.
La tasa catalana se aplicaba y se aplicará en los ámbitos civil y contencioso administrativo, y excluirá, como hasta el momento de sus supensión, los ámbitos penal i social, así como todas aquellas personas con derecho a asistencia jurídica gratuita.
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